La UE exige controles estrictos y trazabilidad total para alimentos y carnes, pero Sturzenegger dinamitó la capacidad técnica de los organismos que deben certificar esas condiciones.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abrió expectativas en el sector exportador, pero también dejó expuesto déficit estructurales por el ajuste de Milei: mientras Bruselas impone estándares sanitarios, ambientales y de trazabilidad cada vez más exigentes, el Gobierno avanzó con recortes y desregulaciones que debilitaron a los organismos técnicos encargados de garantizar esos controles.
Europa no sólo fija aranceles. A través de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y del sistema de alerta rápida RASFF, aplica monitoreos permanentes en puertos y aeropuertos y puede bloquear cargamentos ante la mínima sospecha de presencia de residuos, contaminantes o incumplimientos sanitarios. Un lote observado no es solamente un problema administrativo sino que puede significar la suspensión inmediata del envío y con ello producir el cierre automático de las exportaciones.
El nuevo reglamento europeo contra la deforestación (EUDR) agrega otra capa de exigencia. Desde diciembre de 2020, la carne y otros productos agropecuarios que ingresen al bloque deben demostrar que provienen de tierras no deforestadas, con trazabilidad completa y georreferenciada del lote. Ese nivel de control requiere información técnica, sistemas de monitoreo y validación oficial que históricamente articularon el Senasa y el INTA.
En el caso de la miel, por ejemplo, la varroosis -la enfermedad más grave que afecta a las abejas, causada por el ácaro Varroa- se trata en Argentina con ciertos prohibidos en Europa. La detección de residuos en un embarque puede activar alertas en toda la Unión Europea. Algo similar ocurre con la gripe aviar: ante un riesgo mínimo, los países europeos activan sistemas tempranos de restricción. La reacción sanitaria debe ser inmediata y con respaldo técnico sólido.
Esto quedó en evidencia en las últimas semanas, cuando Argentina debió suspender exportaciones avícolas tras la detección de un foco de influenza aviar en una granja comercial. El Senasa activó el protocolo sanitario y aisló el establecimiento afectado, pero la confirmación del brote alcanzó para que varios mercados interrumpieran las compras hasta verificar la contención del virus. “Estamos al límite”, se lamentó un especialista de años en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que habló con LPO.
Muchos países importadores sólo aceptan productos provenientes de territorios declarados libres de influenza aviar, por lo que la aparición de un foco obliga a suspender envíos y a iniciar un proceso sanitario para recuperar el estatus internacional.
Además, se sabe que en el comercio internacional de alimentos un episodio sospechoso puede convertirse en restricciones automáticas. De hecho, muchas veces estas medidas funcionan como barreras paraarancelarias para atacar importaciones que pongan en jaque la producción local. El problema se agranda porque una suspensión después requiere de años para revertirla.
Para carnes bovinas, porcinas o avícolas, la UE exige certificaciones oficiales que acrediten que el país de origen está libre de enfermedades como peste porcina africana o aftosa, además de controles estrictos sobre residuos de medicamentos veterinarios, aditivos y cadena de frío. En muchos casos, los frigoríficos deben estar específicamente habilitados para exportar y sin una autoridad sanitaria fuerte el negocio corre riesgos grandes.
