Atencion LPO. La ex diputada libertaria y díscola Marcela Pagano denunció penalmente a Manuel Adorni por conflicto de intereses, argumentando que la consultora de su esposa Bettina Angeletti fue contratada por distintas empresas públicas como YPF, AySA, Banco Nación, Aerolíneas y la agencia recaudadora ARCA, mediante un sistema de triangulación. No es el primer indicio del uso del Estado para enriquecerse que complica a los Adorni. LPO explicó que la consultora “+Be” de Angeletti tiene como cliente a una de las empresas que busca quedarse con la concesión por 25 de años del predio de Tecnópolis, una medida que depende de un organismo que controla Adorni. Según reveló El Disenso, el Grupo Foggia, que pertenece a Mora Gorini, la mano derecha de Karina Milei, contrató a la esposa de Adorni, que supuestamente se dedica al “coaching ontológico”. Ahora, la diputada Pagano presentó una denuncia penal contra Adorni que revela nuevas y más amplias maniobras de supuesta triangulación. Por un lado, llama la atención que el denominado grupo Datco, que tiene contratos con ARCA, AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y Lotería Nacional, haya a su vez subcontratado a la firma “+Be” de la mujer de Adorni.
“Las empresas que mantienen vínculos comerciales con el entorno empresarial directo de un funcionario público que posee capacidad de decisión o influencia sobre organismos estatales podrían encontrarse en una situación susceptible de generar conflictos de interés”, dice la denuncia respecto del nexo entre Adorni y los contratos de la consultora de su mujer con el grupo Foggia y el grupo Datco.
Pagano reveló en su denuncia que la consultora de Angeletti registra como clientes a otras empresas que mantienen vínculos contractuales significativos con organismos del Estado Nacional. Una de esas empresas es el mencionado Grupo Datco.
“La circunstancia de que una empresa con tan amplia y profunda penetración contractual en el sector público figure simultáneamente como cliente de la consultora propiedad de la cónyuge del Jefe de Gabinete de Ministros -funcionario que ejerce autoridad jerárquica sobre numerosos organismos de la Administración Pública Nacional- configura un cuadro de relaciones comerciales cruzadas entre la esfera pública y la esfera privada del funcionario que refuerza significativamente la hipótesis de un posible conflicto de interés estructural”, denunció Pagano.
