El oficialismo avanza con un esquema de beneficios desmedidos para sectores tecnológicos que pone en jaque las metas fiscales del propio Ejecutivo. Hecha la ley, hecha la trampa: la letra chica desprotege por completo a la industria y la mano de obra nacional.
El Gobierno nacional continúa profundizando su modelo de entrega y desregulación absoluta en favor de los grandes capitales transnacionales. Con el tratamiento en la Cámara de Diputados del denominado “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), el oficialismo busca consolidar un andamiaje legal que otorga escandalosas exenciones fiscales a corporaciones de sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología y el software de avanzada, bajo la falsa promesa de reactivación y generación de “empleo de calidad”. Sin embargo, el análisis minucioso de la letra chica revela una realidad alarmante: un festival de beneficios impositivos que pulverizará los recursos públicos y no garantiza un solo puesto de trabajo para los argentinos.
Un agujero fiscal que contradice el discurso del “déficit cero”
Mientras la administración central somete al pueblo a un feroz plan de ajuste y recorta partidas esenciales del Presupuesto bajo el dogma innegociable del déficit cero, el “Súper RIGI” se presenta como una flagrante contradicción. Las condiciones de exención son sustancialmente más agresivas e hirientes para la recaudación del Estado que las del RIGI clásico ya vigente:
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Ganancias a la baja: Los proyectos adheridos tributarán una alícuota máxima del 15% en el Impuesto a las Ganancias, perforando el 25% contemplado en el régimen original. Además, el retiro de dividendos bajará a la mitad (del 7% al 3,5%) en apenas cuatro años, recortando los plazos anteriores.
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Asfixia a las provincias: La norma impone de manera centralizada que las provincias tengan un tope del 0,5% en Ingresos Brutos y prohíbe explícitamente el cobro de tasas locales como Sellos o regalías.
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Retenciones cero: Se otorga una exención total e inmediata para los derechos de exportación desde el primer día, anulando la espera de tres años del primer régimen.
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Subsidio patronal: Se establece un inédito techo del 10% para las contribuciones patronales de los nuevos puestos de trabajo informados.
De acuerdo con estimaciones técnicas de la ONG iCiudad, este agresivo entramado impositivo representará un costo fiscal de hasta el 1,27% del PBI. En términos reales, este agujero negro en los ingresos públicos es suficiente para licuar por completo el superávit primario del 1,2% proyectado con orgullo por el Ministerio de Economía. La consecuencia será inevitable: para sostener el balance financiero, el Gobierno profundizará la motosierra sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
Hecha la ley, hecha la trampa: la desprotección del trabajo argentino
El argumento oficial de que este régimen servirá para “incrementar las exportaciones y generar empleo de calidad” se desmorona al leer el articulado del proyecto. La ley carece de cualquier tipo de blindaje para resguardar el empleo local.
El artículo 17 de la norma exige únicamente que las empresas presenten una “estimación del empleo directo e indirecto, con detalle de la integración local”. Es decir, se reduce la protección de la mano de obra nacional a una simple obligación de carácter informativo, un trámite administrativo sin pisos mínimos ni exigencias reales. En sectores intangibles como los servicios globales y la inteligencia artificial, las multinacionales podrán operar libremente dentro del territorio nacional estructurando y manteniendo sus operaciones informáticas mediante recursos humanos radicados íntegramente en el extranjero.
La estocada final para el entramado productivo local proviene de los límites impuestos a los proveedores argentinos. Originalmente, el Ejecutivo intentó prohibir por completo cualquier norma que obligara a contratar insumos nacionales si estos resultaban “menos favorables” que el mercado externo. Ante la presión de bloques provinciales aliados, se incorporó a último momento un cupo mínimo de contratación del 20% para proveedores locales.
Sin embargo, el propio oficialismo introdujo el mecanismo de neutralización en la redacción final, aclarando que dicho piso se aplicará “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. En un contexto macroeconómico signado por una fuerte recesión y un marcado atraso cambiario que encarece los costos en dólares de las PyMEs locales, esta cláusula actúa como una trampa previsible. Será extremadamente sencillo para las grandes corporaciones argumentar la falta de competitividad local para saltearse el cupo y abastecerse en el extranjero, profundizando el modelo de una economía de enclave que extrae beneficios y destruye la industria interna.
