La condena en suspenso para el responsable de la muerte de la adolescente desató una ola de indignación popular. El dolor de un padre y la radiografía de una justicia selectiva que ampara apellidos influyentes.

El veredicto final en el caso por la muerte de la joven Lucía Rubiño dejó un sabor amargo, impotencia y una profunda sensación de injusticia que recorre las calles de San Juan. Tras conocerse la resolución judicial que condenó a Nahim Manzur a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y cuatro años de inhabilitación para conducir por el delito de homicidio culposo, el testimonio de su padre, Jorge Rubiño, expuso la desgarradora realidad de una familia desamparada por las instituciones. “Sentí que le fallé a mi hija”, manifestó con un dolor absoluto, reflejando el quiebre de quienes esperaban un castigo ejemplar en prisión para el responsable de haberle arrebatado la vida a la adolescente.

El trágico hecho, ocurrido cuando Lucía fue brutalmente aplastada contra un muro mientras se encontraba en la vereda del Barrio Profesionales, puso desde un inicio bajo la lupa el funcionamiento del sistema penal de la provincia. La resolución de otorgar una condena sin prisión efectiva no hizo más que dinamitar la poca confianza que la comunidad conserva en los tribunales locales, desatando manifestaciones espontáneas de rechazo y un generalizado descontento social. Para la ciudadanía, la sentencia es leída como una preocupante señal de que en San Juan “hacer lo que uno quiera no tiene consecuencias”, transformando una pérdida irreparable en un nuevo símbolo de desprotección estatal.

La sombra de los “hijos del poder” y una justicia selectiva

Más allá del fallo contra el conductor del vehículo que impactó a la joven, el caso Lucía Rubiño encendió las alarmas por la constante falta de justicia y la supuesta selectividad del Poder Judicial frente a acontecimientos protagonizados por personajes vinculados al poder político y judicial sanjuanino. La causa estuvo signada desde el primer momento por inhibiciones en cadena de magistrados, demoras inexplicables y el polémico sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray —el otro joven imputado que manejaba la camioneta que desencadenó la maniobra fatal—.

La ligazón familiar de los involucrados con altos cargos de confianza dentro de la estructura judicial y el Ministerio Público Fiscal alimentó las sospechas de parcialidad que la querella denunció de forma sistemática. Mientras que a un ciudadano común le cae con rigurosidad todo el peso de la ley, los reclamos de la familia Rubiño exponen cómo el expediente avanzó con privilegios procesales llamativos, tales como la exención de pericias toxicológicas iniciales o autorizaciones de traslado de jurisdicción sin controles estrictos.

Hoy, con Manzur libre y la apelación contra el sobreseimiento de Echegaray trabada en los pasillos de la Corte, el clamor social persiste. La muerte de Lucía Rubiño ya no es solo una herida abierta para sus seres queridos; es la cruda radiografía de un entramado judicial que, a los ojos de los sanjuaninos, parece diseñado para resguardar apellidos influyentes antes que para asegurar la verdad real y proteger la vida de sus habitantes.