La Libertad Avanza sufrió un nuevo revés parlamentario. La soberbia de no aceptar modificaciones en un proyecto clave obligó al oficialismo a postergar el tratamiento de la ley de tierras hasta agosto, evidenciando una debilidad política que ya no pueden ocultar.
El intento del Gobierno Nacional por avanzar a toda costa con la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” chocó contra una realidad ineludible: la falta de consenso. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Modernización —a cargo de un Federico Sturzenegger que parece más interesado en imponer criterios que en construir mayorías—, se topó con el rechazo de senadores aliados que exigieron cambios que el Ejecutivo se negó sistemáticamente a aceptar.
La desidia del oficialismo
El oficialismo llegó a la sesión pretendiendo imponer su agenda, pero terminó sumido en un cuarto intermedio solicitado por la propia Patricia Bullrich ante la evidente carencia de números. Con 15 versiones del texto ya presentadas y fracasadas, la insistencia del Gobierno por ignorar las demandas de las provincias demuestra una desconexión preocupante con las necesidades del interior.
Las disidencias, centradas en la soberanía de las provincias para regular sus tierras y la exigencia de transparencia mediante el “doble conforme”, fueron desoídas por una Casa Rosada que pretende pasar por encima de las atribuciones provinciales consagradas en nuestra Constitución. “No tiene sentido”, se atrevieron a declarar desde el oficialismo, minimizando la importancia de las legislaciones provinciales frente a su afán desregulador.
Un bloque oficialista fracturado
La jornada dejó al desnudo no solo la falta de votos, sino también el desorden interno en el bloque libertario. Las ausencias de senadores clave fueron el síntoma de una estrategia fallida: “Faltaron tres, que en el Senado es un abismo”, reconocieron voces del propio sector oficialista, dejando claro que el margen de error era nulo y que la confianza entre el Ejecutivo y sus aliados está quebrada.
A este escenario se suma el trasfondo de tensiones entre la jefa de bancada y la vicepresidencia, un conflicto que ya no es un secreto y que debilita aún más la capacidad del Gobierno para blindar sus proyectos.
Lo que dejó la sesión
Mientras el debate por la extranjerización de la tierra quedó congelado hasta el 6 de agosto, el oficialismo se concentró en forzar nombramientos judiciales, ratificando jueces como Víctor Pesino —cuestionado por su alineamiento con las políticas de “modernización laboral” de Milei— pese a la resistencia opositora.
La estrategia del Gobierno parece clara: ante la incapacidad de construir consensos reales, la presión y la celeridad en la justicia y el poder diplomático son sus únicas herramientas. Sin embargo, el freno en la ley de tierras demuestra que, cuando se trata de recursos estratégicos, el Congreso todavía puede poner límites a un Ejecutivo que parece no entender el valor del diálogo político.
