La provincia de San Juan, que hasta hace dos años se mostraba saludable política, económica y socialmente, hoy atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El gobernador Marcelo Orrego, quien asumió el poder con grandes expectativas y promesas de cambio, enfrenta una caída abrupta en su imagen pública, agravada por una serie de factores económicos y políticos que han puesto en jaque la estabilidad institucional y social del distrito cuyano.
Marcelo Orrego vive sus horas más difíciles al frente del Ejecutivo sanjuanino, al drástico incumplimiento sistemático de los pactos fiscales entre Nación y provincia, lo que ha desencadenado una oleada de reclamos salariales por parte de docentes, profesionales sanitarios, empleados de la administración y fuerzas de seguridad. La desazón cunde entre un gabinete inexperto, mientras la ausencia total de obra pública y la falta de reacción ante la creciente conflictividad social alimentan la percepción generalizada de que el desafío le supera ampliamente.
La caída en la recaudación provincial constituye uno de los principales motivos de alarma para el gobierno sanjuanino. En los últimos meses, las arcas públicas han sufrido un retroceso sin precedentes: la coparticipación federal ha disminuido un 28 %, cifra que golpea directamente sobre las posibilidades operativas del Estado local. Esta merma no solo compromete el pago regular a empleados públicos sino también cualquier intento serio por reactivar inversiones o sostener programas sociales vitales para una población castigada por la inflación y el desempleo.
La tensión social ha escalado de manera preocupante en San Juan. Los reclamos salariales se han multiplicado entre los principales sectores estatales, especialmente administración, docentes, profesionales de la salud y miembros de las fuerzas de seguridad. Estos colectivos denuncian que sus ingresos han quedado muy por debajo del costo de vida, lo que puede derivar en paros, movilizaciones y amenazas de profundizar las medidas de fuerza si no se atienden sus demandas. La falta de recursos ha impedido al Ejecutivo ofrecer aumentos significativos o siquiera garantizar el pago puntual a proveedores el fin de año pasado.
En hospitales y centros educativos, la situación es especialmente crítica. Se reportan carencias materiales, demoras en la provisión de insumos básicos y una creciente sensación de abandono institucional. Muchos profesionales advierten sobre el riesgo inminente de colapso en áreas sensibles como la atención primaria o las guardias médicas. En palabras de un representante sindical: “Nunca antes habíamos sentido tanta incertidumbre respecto a nuestro futuro laboral”.
La desazón dentro del gabinete provincial es palpable. Numerosos funcionarios carecen del rodaje político necesario para gestionar una coyuntura tan adversa. Las decisiones tardan en llegar, abundan los desacuerdos internos (Interna Orrego – Martin) y la falta de liderazgo efectivo se traduce en una administración errática e incapaz de articular respuestas rápidas frente a la emergencia.
El propio Orrego ha sido objeto de críticas luego de publicarse extraoficialmente la lista de personas físicas y jurídicas que son contratadas para prestar servicios de comunicación audio visual y analíticas de gestión, en la que además figuran empresas fantasmas, por un total de casi 5 mil millones de pesos al mes, generando la ira popular por no cuidar los fondos públicos donde existen prioridades mucho mas urgentes que el pago a sicarios de la comunicación
La falta de obra pública se ha convertido en uno de los signos más evidentes del estancamiento que atraviesa la gestión de Orrego, solo inaugurando las obras iniciadas por Uñac. Tradicionalmente, la inversión en infraestructura ha sido una herramienta clave para dinamizar la economía provincial, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, durante el actual mandato, no solo se han paralizado proyectos emblemáticos heredados de la administración anterior, sino que tampoco se han lanzado nuevas iniciativas significativas.
Este vacío en materia de obras tiene consecuencias directas sobre el tejido social y productivo: empresas constructoras locales denuncian falta de actividad, cientos de trabajadores han perdido sus puestos y las comunidades más vulnerables ven postergadas soluciones urgentes en áreas como vivienda, caminos rurales o servicios básicos. La parálisis administrativa también se traduce en demoras para acceder a programas sociales y trámites esenciales, incrementando la frustración ciudadana.
A medida que crece la conflictividad social, el gobierno provincial parece carecer tanto de diagnóstico certero como de reflejos políticos para anticipar o contener el descontento. Las protestas sectoriales amenazan con confluir en un gran paro multisectorial que podría paralizar San Juan si no se adoptan medidas urgentes. Sindicatos y organizaciones sociales advierten sobre un “huracán” inminente, mientras desde Casa de Gobierno las respuestas son escasas o meramente declarativas.
En este contexto, es oportuno señalar que la falta de reacción es uno de los factores que más erosiona la legitimidad del Ejecutivo sanjuanino. La percepción extendida es que Orrego y su equipo están superados por las circunstancias y no logran articular políticas públicas capaces de revertir la tendencia negativa.
El gobierno de Marcelo Orrego atraviesa su momento más crítico desde que asumió la conducción provincial. La conjunción de factores adversos —económicos, políticos y sociales— pone a prueba no solo su capacidad personal sino también la solidez institucional del Estado sanjuanino. En medio del laberinto actual, sólo una reacción decidida y demandante a las fuerzas nacionales, podrá evitar que San Juan sucumba ante el huracán social que ya asoma en el horizonte.
