BOGOTÁ – En un giro histórico para la política económica de la región, el presidente Gustavo Petro anunció este 22 de abril de 2026 la cancelación total de la deuda que Colombia mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida marca el cierre de un ciclo de endeudamiento iniciado durante la pandemia y abre un intenso debate sobre la autonomía fiscal frente a la estabilidad de los mercados.
El fin de las “condiciones onerosas”
A través de sus canales oficiales, el mandatario colombiano confirmó que el país saldó los u$s 5.400 millones correspondientes al crédito extraordinario solicitado por la administración de Iván Duque en 2020 para mitigar los efectos del COVID-19.
Para Petro, este pago no es solo un trámite administrativo, sino un acto de “emancipación económica”. El presidente argumentó que, al liquidar estos compromisos, Colombia se libera de las “condiciones onerosas” impuestas por el organismo multilateral, las cuales, según su visión, limitan la capacidad del Estado para invertir en gasto social y transición energética.
“Se ha pagado la totalidad de la deuda generada en el gobierno Duque. Esto significa que Colombia deja de estar sujeta a las recetas que el FMI impone a los países deudores”, sentenció el jefe de Estado.
Un divorcio que empezó en 2025
La noticia de hoy es el desenlace de una estrategia que comenzó a gestarse el 30 de septiembre de 2025, cuando Colombia decidió cancelar su Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo. En aquel momento, el gobierno argumentó que las reservas internacionales —superiores a los u$s 65.500 millones— eran escudo suficiente para enfrentar choques externos, prescindiendo del respaldo del FMI después de 15 años de relación continua.
La contraparte: Críticas y riesgos fiscales
No todos celebran la medida con el mismo entusiasmo. El expresidente Iván Duque respondió con dureza, defendiendo que el crédito original se tomó en condiciones de tasa históricamente bajas para salvar vidas durante la crisis sanitaria.
Analistas financieros y agencias calificadoras han encendido alarmas sobre dos puntos críticos:
El costo del reemplazo: Para pagarle al FMI, el gobierno ha recurrido a la emisión de deuda en mercados privados. Sin embargo, en el contexto actual, las tasas de interés que paga Colombia por estos nuevos bonos son sensiblemente superiores a las que ofrecía el organismo multilateral.
Pérdida del “ancla fiscal”: El acuerdo con el FMI funcionaba como un sello de garantía para los inversores extranjeros. Sin la supervisión del Fondo, existe el temor de que la disciplina fiscal se relaje, lo que podría aumentar la volatilidad del peso colombiano y encarecer el financiamiento futuro.
Panorama hacia el futuro
A pesar de la cancelación con el FMI, la deuda externa total de Colombia alcanzó registros históricos a inicios de 2026, superando los u$s 218.000 millones (más del 50% del PIB). El reto del Ministerio de Hacienda será demostrar que el país puede mantener la confianza de los mercados internacionales por cuenta propia, sin el “paracaídas” que representaba el respaldo de Washington.
Por ahora, el gobierno Petro apuesta todo a una narrativa de independencia, mientras el mercado observa de cerca si las reservas internacionales serán suficientes para navegar las aguas de un 2026 cargado de incertidumbre global.
