A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte dio de baja el fondo que compensaba los pasajes de micros. El Ejecutivo ensaya una cínica aclaración de que la gratuidad sigue vigente por ley, pero traslada el costo a las empresas privadas, poniendo en jaque el derecho a la salud y la movilidad de miles de argentinos.
Bajo el amparo de la desregulación económica y el discurso del déficit cero, el Gobierno nacional oficializó una nueva e insensible medida de ajuste que golpea de lleno a los sectores más vulnerables. El Poder Ejecutivo eliminó por completo el régimen de compensaciones que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, ciudadanos en lista de espera y menores bajo tratamiento oncológico.
La decisión, plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y publicada en el Boletín Oficial, deroga el sistema de asistencia estatal vigente desde 2018. De esta manera, el Estado Nacional se desentiende de su rol de garante y abandona el financiamiento de una política social clave que garantizaba el acceso a tratamientos médicos y la conectividad federal.
El cinismo de la “libertad” y el mercado libre
Para justificar el desfinanciamiento, el Gobierno apeló al ya conocido argumento de la desregulación total del transporte interjurisdiccional (impulsado por el Decreto 883/2024). Los considerandos de la norma dejan en evidencia una lógica puramente mercantilista:
Desmantelamiento del control: El texto califica al esquema de subsidios como una “fuerte intervención estatal” que distorsionaba el mercado, priorizando la rentabilidad comercial por encima del derecho a la salud.
Traslado de costos al privado: Al otorgar total libertad tarifaria a las compañías de transporte, el Gobierno argumenta que las empresas privadas ahora deben “internalizar” este costo dentro de su estructura operativa. Una maniobra que simula mantener el beneficio pero que, en la práctica, empuja al sector a un inminente conflicto de intereses.
La mentira del derecho garantizado: En un intento de calmar el descontento, la resolución afirma con cinismo que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad” y que quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credencial del INCUCAI seguirán viajando gratis. Sin embargo, al quitar el dinero que sostenía el sistema, el Ejecutivo crea una cáscara vacía: una ley vigente pero imposible de aplicar en la realidad.
Organizaciones en alerta ante un derecho que se vuelve invisible
Aunque el Gobierno delegó la fiscalización en una Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cada vez más desbordada, el Foro Permanente de Discapacidad y diversas organizaciones sociales ya se declararon en estado de alerta máxima.
Desde el sector advierten que transferir el costo total de los pasajes a empresas privadas en medio de una brutal crisis de costos operativos no es más que una traba encubierta. La realidad en las terminales ya anticipa lo peor: el regreso del “no hay cupo”, el endurecimiento burocrático de los trámites y la imposibilidad fáctica de conseguir un pasaje online, dejando a miles de pacientes crónicos e inmunodeprimidos a la deriva, sin la posibilidad de viajar para recibir sus tratamientos esenciales.
