La reciente adjudicación de préstamos hipotecarios por casi 600 millones de pesos a los sobrinos de Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados— ha encendido las alarmas sobre el manejo discrecional de los recursos en el Banco Nación. Mientras la entidad financiera más importante del país mantiene condiciones restrictivas para el ciudadano común, los familiares directos de la cúpula política parecen transitar un camino libre de obstáculos burocráticos.
El beneficio para los hermanos Menem
La polémica surge a partir de dos operaciones específicas que benefician al “clan joven” de la familia riojana:
Nazarena Menem (26 años): Empleada administrativa en la Auditoría General de la Nación (AGN), recibió un crédito de 236 millones de pesos.
Sharif Menem (23 años): Asesor en el Congreso de la Nación, ya había obtenido previamente un préstamo por 357 millones de pesos.
En total, el Banco Nación destinó 593 millones de pesos para financiar las viviendas de dos jóvenes que, por su edad y categoría laboral en el Estado, difícilmente calificarían para tales montos bajo los estándares de riesgo crediticio que la misma entidad aplica al resto de los argentinos.
Una contradicción de fondo
El caso resulta particularmente sensible por el contexto económico actual. El Gobierno sostiene una narrativa de austeridad extrema bajo el lema “no hay plata”, mientras ejecuta un ajuste que afecta el consumo, los salarios y el acceso a la vivienda de la clase media. Sin embargo, cuando se trata del entorno familiar de quienes lideran este proceso, el Banco Nación parece recuperar una solvencia y una flexibilidad inmediata.
La contradicción es técnica pero también política:
Capacidad de pago: Un sueldo de auxiliar o asesor administrativo no suele ser garantía suficiente para respaldar deudas de cientos de millones de pesos.
Prioridad crediticia: En un mercado donde el crédito hipotecario es casi inexistente para los trabajadores, que dos familiares del poder logren estas cifras sugiere una ventaja basada en el apellido y no en el mérito.
Conclusión
El uso del Banco Nación para favorecer a los allegados del poder político es la representación más nítida de los privilegios que el discurso oficial prometió erradicar. Si los mecanismos de adjudicación de la banca estatal siguen operando bajo lógicas de parentesco y cercanía al despacho presidencial, la estructura de beneficios de la política permanece intacta.
Este episodio no solo afecta el patrimonio del banco de todos los argentinos, sino que erosiona la credibilidad de un proyecto que asegura combatir las prácticas de la “casta” mientras, en la práctica, financia el bienestar de sus propios herederos.
