La pauta oficial y el relato que no convence
La administración de Marcelo Orrego, en la provincia de San Juan, ha desplegado una intensa
estrategia comunicacional sustentada en la utilización de fondos públicos para orientar la
narrativa mediática local. Bajo el amparo de la denominada pauta oficial, se han promovido
mensajes destinados a instalar un relato favorable al oficialismo, intentando mitigar los efectos
de la reciente derrota electoral, sufrida en manos de PJ local. Sin embargo, este esfuerzo parece
haber resultado estéril frente a una ciudadanía cada vez más crítica y atenta.
Desde finales de 2024 y durante todo 2025, tras las elecciones legislativas nacionales, los medios
y periodistas locales afines al gobierno han insistido en una línea argumental clara: Orrego y
Fabián Martín, serían los ganadores y sumarian dos legisladores nacionales más a su Bloque. Esta
postura intenta minimizar el impacto negativo de los resultados electorales adversos sufridos
por el orreguismo, así como justificar la polémica decisión de Fabián Martín (El primer perdedor)
de no asumir su banca como diputado nacional.
Los portavoces gubernamentales y periodistas alineados con la pauta han sostenido que la
renuncia anticipada de Martín respondía a motivos estratégicos superiores. Se ha enfatizado que
su candidatura fue necesaria para fortalecer al espacio en las urnas, aunque nunca existió
verdadera intención ni compromiso real con ejercer efectivamente el cargo legislativo (Nos
mintió). De esta manera, se pretende diluir cualquier responsabilidad política por lo que muchos
consideran una auténtica estafa electoral.
Más allá del discurso oficialista, diversos sectores sociales y analistas políticos coinciden en
señalar que el orreguismo se configura como un grupo improvisado de amigos, carentes de
experiencia política sólida. La gestión errática del proceso electoral reciente, evidencia falta de
planificación estratégica y desconocimiento profundo sobre las reglas básicas del juego
democrático territorial.
En este contexto, resulta particularmente grave la forma en que se “rifó” la candidatura del
propio Fabián Martín. Al limitarle su proyección política futura mediante una postulación
meramente testimonial —sin intención real de asumir funciones—, no solo se menoscaba su
figura pública, sino que también se vulneran las expectativas legítimas depositadas por sus
votantes. Sin excusas el episodio deja entrever luchas internas e improvisación dentro del
espacio gobernante.
El reemplazo de Fabián Martín en la banca nacional ha generado un nuevo foco de controversia.
Según el orden natural y la ley de cupo, Federico Rizzo —figura Bloquista, poco reconocida—
debió haber sido el sucesor natural. Sin embargo, la designación recayó en Carlitos Jaime
(segundo suplente), decisión que muchos interpretan como una muestra más de los manejos
discrecionales y la falta de confianza dentro del orreguismo. Esta maniobra ha sido vista por
analistas y sectores opositores como una forma de premiar la lealtad personal por encima del
mérito político o el mandato popular, profundizando aún más la percepción de improvisación y
desdén hacia las normas democráticas.
La ciudadanía sanjuanina, históricamente atenta a los movimientos políticos locales, no ha
permanecido indiferente ante estos acontecimientos. El mandato popular expresado en las
urnas fue claramente subestimado por quienes priorizaron estrategias personales o partidarias
sobre los intereses colectivos. El electorado que confió en Martín para representarle en el
Congreso se siente hoy defraudado; lejos de ser ingenuo, ya ha percibido las inconsistencias y
contradicciones del relato oficialista. Este desencanto se traduce en un creciente escepticismo
respecto a la clase dirigente provincial y pone en entredicho la credibilidad futura del espacio
gobernante.
Cabe señalar que este tipo de prácticas —la utilización testimonial de candidaturas, el manejo
arbitrario de sucesiones legislativas— no son novedosas en el orreguismo. De hecho, han sido
recurrentes en sectores vinculados al Partido de Basualdo. No obstante, su reiteración
contribuye peligrosamente al debilitamiento institucional: cada vez que se manipula la
voluntad popular mediante artilugios legales o vacíos normativos, se erosiona un poco más la
confianza social en el sistema democrático.
A día de hoy —lunes 24 de noviembre de 2025— resulta innegable que el esfuerzo gubernamental
por imponer un relato hegemónico a través del control mediático financiado con fondos públicos
no ha logrado revertir el malestar social ni ocultar las falencias estructurales del orreguismo. Más
allá de los intentos propagandísticos, lo cierto es que los hechos han dejado huella: se cometió
una estafa electoral al presentar una candidatura sin vocación real de asumir responsabilidades;
se manipuló la sucesión parlamentaria ignorando criterios meritocráticos; se subestimó
abiertamente al soberano.
El papel desempeñado por el periodismo local en este escenario resulta especialmente
relevante. La dependencia de los medios respecto a la pauta oficial, es decir, los fondos públicos
destinados a publicidad gubernamental, ha generado un clima de sospecha sobre la
independencia y objetividad informativa. Si bien algunos periodistas han intentado mantener
una postura crítica y profesional, otros han optado por reproducir sin matices el relato impuesto
desde las oficinas de Prensa de la calle Paula, priorizando la supervivencia económica de sus
redacciones frente al compromiso con el derecho ciudadano a una información veraz.
Esta situación evidencia uno de los desafíos estructurales más graves para la democracia
sanjuanina: cuando el flujo de recursos estatales condiciona el contenido periodístico, se debilita
el control social sobre los gobernantes y se distorsiona el debate público. Así, la pluralidad de
voces y la transparencia quedan relegadas ante intereses particulares o partidarios.
