La figura del gobernador ocupa un lugar crucial en el entramado institucional argentino. En una república federal como la argentina, donde las provincias gozan de autonomía política y administrativa, resulta fundamental que quienes ocupan estos cargos actúen como verdaderos defensores del interés colectivo local ante eventuales embates o desatenciones por parte del Ejecutivo nacional. La historia reciente muestra cómo esta función puede ser ejercida con firmeza o diluirse en posturas complacientes que terminan perjudicando a las comunidades representadas. En contraposición, la gestión de Marcelo Orrego al frente de la provincia de San Juan ha sido objeto de críticas por su actitud considerada excesivamente complaciente y pusilánime con el gobierno nacional. Desde su asunción, Orrego ha evitado confrontaciones abiertas o reclamos contundentes respecto a las necesidades urgentes del territorio sanjuanino. Esta postura se evidencia especialmente en dos aspectos clave: la ausencia de demandas firmes sobre fondos nacionales y la priorización de intereses sectoriales por encima del bienestar ambiental y social.
Por otro lado y por ejemplo a diferencia de otros gobernadores, Marcelo Orrego no ha impulsado reclamos significativos para exigir las transferencias que la nación adeuda a la provincia, ni ha utilizado herramientas políticas para condicionar votaciones o negociar beneficios concretos para San Juan. Su estrategia parece limitarse a mantener una relación cordial con el Ejecutivo central, sin aprovechar los espacios institucionales disponibles para defender los recursos provinciales. Esta actitud es percibida por amplios sectores de la comunidad sanjuanina, como un ejemplo claro del “entreguismo” que puede caracterizar a mandatarios improvisados o carentes de visión estratégica. Uno de los episodios más controvertidos durante la administración Orrego es su insistencia en modificar la Ley de Glaciares, normativa fundamental para la protección ambiental en regiones cordilleranas. Las modificaciones propuestas buscan flexibilizar restricciones a actividades extractivas —principalmente minería— bajo el argumento del desarrollo económico provincial. Sin embargo, expertos advierten que tales cambios podrían acelerar procesos irreversibles como la desertificación y aumentar la contaminación en ríos ya afectados por escaso caudal hídrico.
La defensa casi exclusiva de intereses empresariales mineros, sin exigir compensaciones adecuadas ni garantías medioambientales estrictas, refuerza la percepción pública sobre un liderazgo débil ante Nación. Lejos de reclamar inversiones o proyectos sustentables que beneficien al conjunto social, Orrego parece conformarse con concesiones menores mientras sacrifica activos naturales irremplazables.
