La Secretaría de Trabajo convocó al Consejo del Salario Mínimo para el viernes 28 de agosto. La cartera liderada por Julio Cordero decidió repetir el formato virtual del cónclave tal como ocurre desde la pandemia. La modalidad dificulta el debate y la confrontación de posiciones y, sobre todo, le resta filo a la posible movilización de las organizaciones sindicales, sociales y piqueteras interesadas en la discusión. Por eso, ya en el último encuentro ambas CTA intimaron por carta documento al organismo para que la misma se realizara de manera presencial y ratificaron el reclamo en esta oportunidad.
Si se analiza la evolución de ese haber con relación a la de las canastas de indigencia y pobreza desde enero de 2016, se verifica un verdadero derrumbe en detrimento de los trabajadores. En su punto más alto, enero de 2017, el haber mínimo entonces de $ 8060 equivalía a 1,46 Canasta Básica Alimentaria (CBA) para una familia integrada por dos adultos mayores y dos menores y a 0,6 de Canasta Básica Total (CBT), que establece el umbral de la pobreza.
En julio de este año, el haber situado en $ 372.400 alcanzó para afrontar el equivalente a 0,53 CBA y apenas 0,24 de canasta de pobreza. El salario mínimo también retrocedió en términos relativos en la comparación con los ingresos de los asalariados registrados. Mientras que en septiembre de 2016 el mínimo equivalía al 39% del salario promedio relevado por el Sistema Previsional Integrado Argentino (SIPA), según el último dato disponible, representa apenas el 17 por ciento.
Dicho de otra forma, para que el salario mínimo vital y móvil recupere el poder adquisitivo de enero de 2017 debería incrementarse hasta $ 1.047.783 e incorporar una cláusula de indexación según la evolución de la CBA. Con todo, vale aclararlo, ese valor tampoco resultaría suficiente en tanto permitiría financiar apenas el 60% de una canasta de pobreza que hoy asciende a los $ 1.564.716 para una familia de dos adultos y dos menores.
Si bien la CGT no ha formulado aún su reclamo y se limitó a solicitar la presencialidad del cónclave, es de esperar que la mesa chica defina llevar la misma reivindicación que planteó en las citas anteriores bajo este mismo gobierno y que consiste precisamente en exigir que el haber mínimo se eleve hasta el nivel de la canasta de pobreza. Algo similar reclamarán las dos CTA que, además, llevarán el planteo de las organizaciones sociales y piqueteras que exigen la continuidad de los más de 950 mil planes Volver al Trabajo y el reacople del salario social complementario al 50% del mínimo que el gobierno dejó sin efecto en diciembre de 2023. Desde ese momento hasta el último cobro del programa en julio de 2026 el beneficio quedó fijado en $ 78.000 cuando hoy debiera alcanzar a $ 188.300 o, según lo indicado, $ 520.391.
El sector que realizó una formulación concreta es el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que exige llevarlo a $ 3.065.161. El valor surge del reclamo histórico de la Federación Aceitera que, explican, sirve “para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo”. El agrupamiento detalló que “se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales establecidas por ley: alimentación adecuada ($ 653.231); vivienda digna ($ 609.613); educación ($ 279.529); vestimenta ($ 146.631); salud ($ 373.934); transporte, esparcimiento y vacaciones ($ 665.055); y previsión social ($ 337.168)”. Ese valor, señalaron, “representa más de ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina”.
