En una sesión marcada por un intenso debate político y social, el Senado de la Nación aprobó este miércoles el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos. La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y quedó convertida en ley.
La reforma modifica el esquema vigente desde 1980 y habilita que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser penalmente responsables en casos de delitos graves. Según el texto aprobado, el nuevo régimen contempla un sistema diferenciado del de adultos, con instancias específicas de intervención judicial, equipos interdisciplinarios y medidas socioeducativas.
Qué cambia con la nueva ley
Hasta ahora, en Argentina solo eran imputables penalmente las personas a partir de los 16 años. Con la nueva normativa:
Se baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Se establecen penas diferenciadas respecto del régimen de adultos.
Se incorporan dispositivos de acompañamiento y programas de reinserción social.
Se fijan límites a las penas máximas para menores de edad.
Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma “actualiza una legislación obsoleta” y responde a una demanda social vinculada a hechos de inseguridad protagonizados por menores. Argumentaron además que el nuevo esquema busca combinar responsabilidad penal con herramientas de contención y resocialización.
Posturas divididas
La votación evidenció fuertes diferencias entre los bloques. Los sectores que acompañaron el proyecto afirmaron que el Estado necesitaba “dar una respuesta concreta” frente a delitos graves cometidos por adolescentes y remarcaron que el régimen contempla garantías procesales específicas.
En cambio, legisladores de la oposición y organizaciones de derechos humanos cuestionaron la baja de la edad de imputabilidad, advirtiendo que la medida no resolverá el problema de fondo y que podría profundizar la criminalización de jóvenes en contextos de vulnerabilidad. También señalaron la falta de políticas integrales de prevención, inclusión y fortalecimiento del sistema de protección de la niñez.
Un debate que excede lo penal
Especialistas en derecho penal juvenil coinciden en que la discusión no se agota en la edad de imputabilidad. El desafío, señalan, será la implementación efectiva del nuevo régimen: la creación de dispositivos adecuados, la capacitación de operadores judiciales y la articulación con políticas sociales, educativas y comunitarias.
Con la ley ya sancionada, el Ejecutivo deberá reglamentarla en los próximos meses. Mientras tanto, el debate público continúa abierto, en un contexto donde la seguridad, la infancia y la responsabilidad del Estado vuelven a ocupar un lugar central en la agenda política.
