Diputados de UxP reclaman saber qué medidas tomó el Ejecutivo ante las tareas autorizadas por el Reino Unido a la empresa israelí Navitas sin aval argentino.
A raíz del avance del proyecto de extracción de petróleo que llevan adelante la empresa de capitales israelíes Navitas Petroleum, junto a la británica Rockhopper Exploration, en las Islas Malvinas, diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP) piden explicaciones acerca de las actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos autorizadas, de manera ilegal, por el Reino Unido en el área circundante al suelo malvinense.
En diciembre del año pasado, el gobierno colonial de las Islas Malvinas autorizó a dos petroleras a explotar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros de Puerto Argentino. Una de las empresas es la israelí Navitas Petroleum, que actualmente tiene el 65 por ciento del proyecto. La otra es la británica Rockhopper Exploration, que se reserva el 35 restante. La autorización para operar se llevó adelante sin la aprobación de Argentina. Se calcula que en el yacimiento petrolero hay un tercio del crudo que existe, por ejemplo, en Vaca Muerta.
Cuando el Estado argentino advirtió sobre la explotación del yacimiento Sea Lion, la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, presentó un tibio repudio al avasallamiento de la soberanía del suelo argentino, tal como lo indica la Ley 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El comunicado de Cancillería llegó luego de que la Secretaría de Malvinas de Tierra del Fuego reclamara su pronunciamiento.
A consecuencia de esto, los legisladores de UxP piden saber si el Gobierno tomó conocimiento detallado de las recientes actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos desarrolladas o proyectadas por estas empresas. Además, solicitan especificaciones sobre cuáles fueron las actuaciones realizadas por las autoridades argentinas frente a esos hechos.
La iniciativa fue presentada por los diputados del peronismo federal Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, quienes requirieron al Poder Ejecutivo que detalle la estrategia oficial para responder al avasallamiento del Reino Unido, que habilitó actividades hidrocarburíferas en una zona en disputa, ya que lo que alerta a la oposición es una inacción del gobierno de Javier Milei.
Es decir, el pedido apunta a determinar si la administración de Javier Milei presentó o prevé presentar protestas diplomáticas formales ante el Reino Unido y en qué ámbitos internacionales se realizaron o se realizarán esas gestiones. Específicamente, solicita información sobre posibles acciones ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
En los fundamentos expuestos, los diputados sostienen que las actividades impulsadas unilateralmente por el Reino Unido constituyen una nueva acción sobre un territorio y espacios marítimos cuya soberanía continúa en disputa y que es reconocida como tal por la comunidad internacional.
“Hacemos este pedido de informe, más profundo, vinculado justamente al tema de la extracción ilegal de petróleo por parte de empresas que el Reino Unido estaría autorizando”, detalló Michel a este diario y agregó que considera “ilegítimas” esas actividades porque las Malvinas son argentinas.
Para la diputada Kelly Olmos, la preocupación excede a un caso puntual porque refleja una política exterior que evita confrontar con los intereses británicos aun cuando están comprometidos recursos estratégicos argentinos. “Milei es poco proclive a confrontar con estos poderes internacionales”, indicó.
La inacción del Gobierno
Lo cierto es que el accionar del Gobierno fue mínimo, porque eligió una advertencia en vez de avanzar en una sanción concreta. La nota que presentó Cancillería el pasado 13 de julio ante la embajada británica es apenas un texto formal de reclamo. Sin embargo, una sanción bajo la Ley 26.659 activaría un circuito con plazos, pruebas y una resolución que podría castigar a la empresa, algo que Navitas ya conoce, porque ese procedimiento se activó en 2021.
Es decir, abrir un expediente exige confrontar con una empresa israelí y con una potencia con la que el Ejecutivo parece buscar congraciarse. Es así que el gobierno de Milei optó por hacer lo menos posible. En vez de utilizar las herramientas más rigurosas que ofrece la Ley 26.659, solo activó una simple advertencia.
En ese sentido, Olmos sostuvo que el Gobierno dispone de herramientas legales y diplomáticas para actuar, pero eligió limitarse a una protesta formal. “La tarea histórica que se viene desarrollando en Naciones Unidas, que el Comité de Descolonización reconoce la existencia de una disputa por soberanía, convoca a los Estados a negociar, cosa que Gran Bretaña nunca accedió, no está accediendo a negociar y realmente esta es una iniciativa que consolida muy fuertemente su presencia ahí”, insistió la legisladora de la oposición.
La Ley 26.659, sancionada en 2011, establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Su objetivo principal es proteger la soberanía y los recursos naturales del país en el área del Atlántico Sur y, para ello, prohíbe de forma taxativa cualquier actividad petrolera en el mar territorial que no cuente con la autorización previa y formal del Gobierno argentino.
Existe un antecedente. En 2021, el Estado argentino aplicó esta ley, justamente contra Navitas Petroleum, la misma empresa que hoy lidera Sea Lion. El Gobierno la inhabilitó por explorar sin autorización en la Cuenca de Malvinas Norte. En aquella oportunidad también se sancionó a las británicas Chrysaor Holdings y Harbour Energy. Específicamente, la Secretaría de Energía tramitó el expediente, dictó la resolución y aplicó la sanción. El gobierno de Milei tiene a mano, ahora, ese antecedente que funcionó contra la misma empresa y en la misma cuenca.
Pero hay otro antecedente más antiguo aún que tener en cuenta. En abril de 2015, el gobierno de Cristina Kirchner impulsó una causa judicial general contra varias empresas petroleras que exploraban de forma ilegal en la cuenca de las Islas Malvinas. Esa causa tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, donde la ex jueza Lilian Herráez ordenó una multa por 156,4 millones de dólares y el secuestro de barcos, plataformas y equipamiento, lo que logró que varias empresas se retiraran. Esa causa no avanzó en las administraciones siguientes.
La inacción parece no ser un hecho aislado, sino un favor hacia quienes considera sus aliados. Otra muestra de esto es el Decreto 590/26 que el Gobierno firmó mientras los argentinos ponían atención en la semifinal mundialista. Ese decreto instruye a la Secretaría de Energía a convocar un concurso público internacional para explorar hidrocarburos en el Mar Argentino, específicamente en el área CAN_200, y autoriza el arbitraje internacional ante conflictos. Lo que significa que le abre la puerta a la exploración petrolera de la empresa británica Challenger Energy Group en el Mar Argentino continental, con una cláusula que cede jurisdicción a tribunales arbitrales extranjeros. Esto da cuenta de que Sea Lion no parece ser un descuido, sino más bien un plan de fondo de una política exterior que pone en riesgo la soberanía argentina.
“Esto tiene que ver con una constante por parte del Gobierno de no cumplir con el mandato constitucional de que primero la Argentina, primero el trabajo argentino, primero la industria argentina y primero el territorio argentino”, sintetizó Michel.
En una misma línea, el excanciller Jorge Taiana explicó, en declaraciones radiales, que el yacimiento Sea Lion permitirá extraer “centenares de miles de barriles”, lo que, según estimó, “va a triplicar los ingresos para las islas” y fortalecerá la posición británica en el Atlántico Sur. “Lo que quiere hacer el Reino Unido es robarse el petróleo que corresponde a los argentinos”, denunció.
