El Gobierno nacional avanza en una nueva medida de recorte que impactará directamente sobre los bolsillos de los sanjuaninos: la exclusión de la provincia del régimen de Zona Fría, un beneficio que otorgaba descuentos en las tarifas de gas natural a miles de hogares. Bajo el argumento de “focalizar los subsidios”, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la decisión en nombre de la eficiencia, aunque detrás del discurso técnico se esconde un nuevo golpe al poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
La quita de la Zona Fría representa, en los hechos, una reducción directa del ingreso disponible de miles de familias que dependen de la asistencia estatal para afrontar los costos básicos de energía. En provincias como San Juan —donde el invierno es riguroso en departamentos de altura y donde la tarifa de gas ya viene en alza— esta medida implica un retroceso en términos de equidad y federalismo.
Mientras Sturzenegger asegura que el objetivo es “evitar que los subsidios lleguen a sectores de altos ingresos”, en la práctica el Gobierno continúa desfinanciando políticas públicas esenciales, debilitando la protección del Estado sobre la población trabajadora y los hogares con menores recursos. En nombre de la eficiencia, el plan de desregulación avanza sobre conquistas sociales históricas que garantizaban condiciones mínimas de dignidad.
La exclusión de San Juan del beneficio energético se suma a una serie de recortes que afectan áreas sensibles como la educación, la salud y la asistencia social. El ajuste no se reparte de manera equitativa: se concentra sobre las provincias, los jubilados y los trabajadores, mientras los grandes sectores económicos continúan recibiendo beneficios impositivos y libertades regulatorias.
Lejos de “focalizar mejor” la ayuda, el desmantelamiento de subsidios como el de la Zona Fría profundiza la brecha social y territorial. En un país atravesado por desigualdades estructurales, quitar la asistencia energética a provincias como San Juan no corrige una injusticia: la amplía.
El discurso de la eficiencia puede sonar moderno, pero en los hechos se traduce en menos derechos y más exclusión para quienes más necesitan del Estado.
