En un hecho histórico para la región, el Senado de Uruguay aprobó el proyecto de ley que regula la eutanasia, convirtiendo al país en el primero de América Latina en reconocer legalmente el derecho a una “muerte digna”. La iniciativa contó con respaldo multipartidario y fue ampliamente debatida tanto en Diputados como en el Senado.
Uno de los ejes centrales del debate fue la libertad individual y el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida. Los promotores de la ley sostienen que la norma “regula y garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y a recibir asistencia para hacerlo”, permitiendo evitar sufrimientos considerados insoportables según la percepción personal de cada paciente.
¿Qué establece la ley?
La norma define la eutanasia como el procedimiento realizado por un médico, o por su orden, que provoca la muerte de una persona que cumple con las condiciones previstas en la ley y que lo solicita de forma reiterada, válida y fehaciente.
Para acceder al procedimiento, la persona debe:
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Ser psíquicamente apta.
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Padecer una enfermedad incurable o irreversible en etapa terminal.
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Sufrir dolores o un deterioro de la calidad de vida que considere insoportable.
El procedimiento paso a paso
El proceso de eutanasia contempla ocho etapas principales, de las cuales seis se realizan antes de la muerte y dos después.
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Solicitud personal: el paciente debe pedirlo por escrito ante un médico.
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Control médico: se verifica que cumple con las condiciones de salud requeridas.
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Segunda opinión médica: un segundo profesional debe confirmar el diagnóstico.
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Segunda entrevista: el paciente ratifica su decisión de manera fehaciente.
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Última voluntad: se deja constancia escrita de su deseo ante dos testigos.
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Procedimiento final: el médico lleva a cabo la eutanasia en el lugar y momento elegidos por el paciente.
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Comunicación al Ministerio de Salud Pública: se remiten los antecedentes para verificar el cumplimiento de la ley.
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Comunicación a la Fiscalía: en caso de irregularidades, el Ministerio puede dar intervención al órgano judicial.
Revocación y objeción de conciencia
La ley también establece que la decisión puede ser revocada en cualquier momento, sin necesidad de formalidades.
Además, médicos y equipos de salud pueden ejercer la objeción de conciencia, negándose a realizar el procedimiento. En esos casos, la institución deberá designar a otros profesionales para garantizar el derecho del paciente.
Una conquista celebrada
Durante el debate final en el Congreso, una mujer con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) —quien siguió de cerca la discusión legislativa— celebró emocionada la aprobación del proyecto, calificando la ley como “un nuevo derecho para morir con la misma dignidad con la que se vivió”.
Con esta decisión, Uruguay se posiciona como pionero en América Latina en reconocer legalmente el derecho a decidir sobre el final de la vida, abriendo un debate ético y humanitario que, sin dudas, marcará un precedente en toda la región.
